Sánchez lanza el mayor gasto de la historia con un Presupuesto que pretende comprar 17 millones de votos
El Gobierno ha presentado este martes los Presupuestos Generales del Estado más expansivos de la democracia española, con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto, convertidos en una compra de hasta 17 millones de votos en año electoral a base de medidas populistas a costa del contribuyente. Medidas que incrementarán todavía más la deuda pública respecto a los actuales máximos históricos a pesar del récord de recaudación de impuestos.
Entre estas medidas electoralistas se encuentran el aumento del salario de los funcionarios -que afectará a 2,7 millones de empleados públicos-, la actualización de las pensiones con el IPC (que estima en un 8,5% y se aplicará a más de 10 millones de personas), la prolongación de la gratuidad de los trenes de cercanías (2 millones de beneficiarios) en 2023, la subida del ingreso mínimo vital (1,2 millones), el incremento del bono social térmico (1,2 millones de hogares), el cheque-crianza o la extensión de las bajas por maternidad.
Los nuevos Presupuestos incorporan el paquete fiscal anunciado recientemente, que incluye el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la rebaja (no concretada aún) del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.
Dentro de esta compra de votos se incluye un gasto social récord de 267.000 millones (supera el techo de gasto porque incluye las pensiones), dentro del cual la medida estrella acordada por el PSOE y Unidas Podemos es el despliegue de una Ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación, el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años y se asimilarán las familias «monomarentales» (sólo con la madre) con dos hijos a la actual categoría de familias numerosas.
Techo de gasto récord
Montero ha recordado que el límite de gasto no financiero para 2023, conocido como ‘techo de gasto’, que asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al de 2022, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado, para tapar el agujero de las pensiones.
En cuanto a la deuda, Calviño ha explicado que en 2023 seguirá la senda descendente respecto al PIB iniciada tras la pandemia, aunque no ha aclarado cuál es la previsión de deuda en euros. En términos relativos, se situará en el 112,4% del PIB.
Con estas cuentas, los funcionarios verán crecer su retribución un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023, de acuerdo con lo acordado con los sindicatos CCOO y UGT, acuerdo que rechaza CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública.
Previsiones irreales
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado que las nuevas cuentas públicas se sustentan en una previsión de crecimiento del 2,1% para el próximo año, que ha calificado de «prudente», pese a situarse muy por encima de las previsiones de los principales organismos, incluyendo la OCDE (cuya estimación es del 1,5%), como denuncia este martes OKDIARIO.
Los presupuestos anticipan un deflactor del PIB del 4% para este año y del 3,8% para 2023. El deflactor del consumo privado se estima en el 7,7% en 2022 y en el 4,1% para el próximo ejercicio.
Sobre la evolución del mercado laboral, Calviño destacó que a finales de 2023, el Gobierno espera que haya 21 millones de personas ocupadas y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 12%.